La familia de un joven italiano asesinado por un inmigrante ilegal lleva al Estado a los tribunales

David Raggi fue asesinado el pasado mes de marzo del 2015 por un inmigrante ilegal que “no debía estar allí”. Han sido citados por los daños causados el ministerio del interior y la Presidencia del Consejo de Ministros.

David Raggi, de 27 años, fue asesinado sin motivo el pasado mes de marzo en Terni por un marroquí, Amine Aassoul, de 30 años, ilegal y con una orden de expulsión de Italia que nunca se hizo efectiva.

internet - valeria braghieri -

Si el Estado lo hubiese expulsado realmente, si lo hubiese llevado a la frontera y lo hubiese devuelto a su país de origen – quizás – David estaría vivo.

Por esta razón la familia, después de la condena a 30 años de cárcel para el inmigrante, ha decidido llevar a los Tribunales al ministro del Interior, a aquel de Justicia y a la Presidencia del Consejo de Ministros. La familia citará a Alfano y a Renzi, a los que reclama 2 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. La primera audiencia está prevista para el próximo 6 de junio en Roma.

El motivo de la citación judicial del Ministerio del Interior está motivada por no haber expulsado de Italia al homicida. Sin embargo, la petición de asilo ha sido rechazada por una comisión. En el caso del Ministerio de Justicia sería culpable por no haber ejecutado un cúmulo de penas que arrastraba el condenado Amine Aassoul (6 años de cárcel por varios delitos).

“Aassoul no debería haber estado en Terni en el momento del homicidio –ha dicho el abogado de la familia– pero a estos elementos ya conocidos se añade otro: convocamos a la Presidencia del Consejo por la falta de adaptación de la directiva europea 80 del 2004, que prevé la institución de un fondo de garantía y tutela de las víctimas de crímenes graves cometidos por aquellos que son considerados como pobres, que no poseen nada. Esta directiva no ha sido aplicada nunca en Italia, de otro modo permitiría la liquidación, al menos de las decisiones provisionales de condena en sede judicial, de hasta 400000 euros”. “No es el aspecto económico el que nos interesa – ha comentado Diego, el hermano de David – sino que queremos dar un toque de atención para que nadie sufra más aquello que estamos sufriendo nosotros. La culpa de todo cuanto le ha sucedido a mi hermano es del Estado, porque no se aplicaron las medidas contempladas por la ley”.

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